México cumple 5% de las recomendaciones de CIDH en su totalidad

Las cuatro recomendaciones cumplidas en su totalidad son, en el tema de Seguridad Ciudadana, adoptar una Ley nacional sobre Uso de la Fuerza; en Pueblos Indígenas, la garantía de disponibilidad de personas traductoras de los servicios de justicia.

En cuanto a personas en cárceles se ha cumplido el asegurar que la Ley Nacional de Ejecución Penal Incluya los estándares internacionales que garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad con énfasis en un debido proceso penal y reinserción social.

La cuarta recomendación cumplida totalmente, fue en el tema de Tortura, en donde se solicitó que la Ley General en la materia excluyera pruebas y confesiones obtenidas mediante actos de tormento y que la parte acusadora debía probar la licitud de la prueba.

De acuerdo con los datos del informe 2022 de la CIDH, de las 48 recomendaciones cumplidas parcialmente, el tema con más casos en dicho estatus es el de acceso a la justicia, con ocho de 10.

Detrás le sigue el tema de mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en el que siete de 10 recomendaciones fueron catalogadas como cumplidas parcialmente.

Incumplidas

Por otra parte, en el documento se apreció también que un total de 21 recomendaciones están pendientes de cumplimiento por parte del gobierno mexicano.

El tema que más recomendaciones cataloga de esta forma es personas privadas de libertad.

Los temas pendientes son corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva; adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una estrategia de reinserción social; hacer pública la información sobre los estándares internacionales para acreditar centros penales.

Además de implementar medidas para garantizar condiciones de detención adecuadas, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad; políticas penitenciarias con enfoque de género y la eliminación de barreras para las personas con discapacidad.

Ausencias

Sobre el tema de desapariciones, la CIDH encontró que, después de cinco años de la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada, ésta no ha sido reglamentada y tampoco se ha creado un Programa Nacional de datos forenses, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el registro nacional de fosas ni el Programa Nacional de Exhumaciones.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) consideró que hay “poca credibilidad” en lo que corresponde al Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas, a cargo del cual está la Comisión Nacional de búsqueda de personas.

Lo anterior, precisó, es porque en medios de comunicación se aprecia un aumento en el número de fichas de búsqueda de desaparecidos, no obstante, dichos incrementos no se reflejan en las cifras oficiales.

La codirectora del Cepad consideró que si bien “ha habido avances durante este sexenio, en lo que corresponde al reconocimiento de la problemática (…) en muchas ocasiones ese reconocimiento, pues no ha sido pleno: no ha habido apertura por parte del gobierno para recibir críticas”.

Militarización de la seguridad

La CIDH lamentó la decisión de las autoridades de ampliar, hasta el 2028, la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, al tiempo que aseguró que el orden público interno del país debe estar en manos de cuerpos policiales civiles.

Erubiel Tirado, coordinador del programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, consideró que el aumento en el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el país ha traído consigo más violaciones a los derechos humanos.

Añadió que en las Fuerzas Armadas no existe una interiorización del respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos.

También mencionó que en el caso de instituciones como la Guardia Nacional, la preparación de los elementos, antes de realizar tareas policiales, es mínima por lo que, “en términos técnicos profesionales (…) en el uso legítimo de la fuerza del Estado (están) preparados al vapor”.