Liberan a 13 funcionarios retenidos por manifestantes en el sur de México

Los 13 servidores públicos -policías, guardias nacionales y funcionarios- retenidos en el sur de México por los participantes de una violenta protesta que, según el gobierno, fue dirigida por miembros de un cártel quedaron en libertad el martes después de que las autoridades llegaron a un acuerdo con los manifestantes.

El gobierno del estado de Guerrero informó sobre el acuerdo a través de su cuenta oficial de Twitter pero no dio detalles sobre los ofrecimientos de las autoridades. Sólo agregó que la autopista que estaba cortada por las protestas – que une Ciudad de México con el turístico puerto de Acapulco- quedó liberada.

Guerrero, en el sur de México, es uno de los estados más pobres del país y en él operan varios grupos criminales que luchan por controlar diferentes zonas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad Pública federal, había indicado horas antes que los retenidos desde el lunes eran cinco policías estales, cinco agentes de la Guardia Nacional, dos funcionarios estatales y uno federal.

Las protestas incluyeron actos vandálicos contra varios edificios del gobierno en la capital del estado, Chilpancingo, y cortes carreteros intermitentes que continuaron hasta que se anunció el acuerdo.

El gobierno federal aseguró que quienes dirigieron las manifestaciones eran individuos acusados de varios delitos que exigían la liberación de dos líderes de un cártel local, conocido como Los Ardillos, recientemente detenidos. Según Rodríguez forzaron a los pobladores a que se unieran a su reclamo.

Los manifestaciones exigían más servicios, carreteras y apoyo para una zona montañosa del estado. “Hablaban de caminos y de programas sociales porque ese es el discurso aparente, andan buscando al tonto que se los crea”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. “No, el asunto es que están dos detenidos y que quieren que los liberen y por eso también detienen a los servidores públicos”, agregó.

En este sentido, afirmó que las dos personas capturadas ya están procesadas por lo que cualquier decisión sobre ellos corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo. No obstante, aseguró que cualquier demanda justa sería atendida.

El presidente lamentó que muchos pobladores sean obligados a participar en estas protestas y pidió a la población “que no se dejen manipular porque es una practica de algunos grupos de la delincuencia”.

Guerrero, el estado en el que en 2014 desaparecieron los 43 estudiantes de magisterio cuyo destino todavía se desconoce, es escenario de una cruenta batalla territorial entre distintos grupos criminales. En junio siete cuerpos descuartizados fueron arrojados sobre una calle del centro de Chilpancingo junto a amenazas de uno de los cárteles.

Según explicó el lunes por la noche el jefe de la policía estatal, Evelio Méndez, había 150 agentes estatales y 150 guardias nacionales desplegados para contener a las protestas pero los manifestantes los superaban en número y armados con palos y piedras se apoderaron de un vehículo policial blindado que usaron para embestir las puertas del edificio del congreso estatal.

Diferentes grupos criminales tienen en jaque varios estados del país. En algunos la disputa es entre los grandes cárteles, en otros entre organizaciones criminales locales.

La secretaria de Seguridad atribuyó el martes a López Obrador una disminución del 17,5% en el número de homicidios desde que comenzó su administración en diciembre de 2018. Sin embargo, cerca del 11% de esa disminución ocurrió en los últimos meses del mandato de su antecesor. En los cuatro años y medio que López Obrador lleva en el cargo los homicidios han disminuido un 7%, pero se mantienen en niveles históricamente altos.

Durante la conferencia matutina presidencial, el gobierno también confirmó que el coche bomba que estalló en Celaya, en el estado de Guanajuato, en el centro del país, fue activado por un cártel local y que mató a un agente de la Guardia Nacional.

Al parecer, los agentes respondieron a una denuncia sobre un coche aparcado con lo que parecían ser cadáveres en su interior y al acercarse el vehículo explotó.